El bienio progresista

Tras la aprobación de la Constitución y la elección del conservador Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República, Manuel Azaña presidió hasta 1933 el gobierno de coalición entre republicanos de izquierdas y socialistas, sin participación de los radicales.

La coyuntura internacional

El contexto internacional no favoreció la estabilización del nuevo régimen, ya que la década de 1930 se vio afectada por una profunda crisis económica y el auge de los regímenes políticos autoritarios. En Europa empezaba a notarse los efectos de la crisis económica mundial que se había iniciado en 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York. Esta crisis tuvo menor incidencia en España debido al atraso económico, pero contribuyó a desestabilizar la economía y la sociedad. 

El comercio exterior y las inversiones extranjeras fueron las actividades más afectadas por la crisis, la cual incidió en el incremento del desempleo. El paro fue el factor que contribuyó en mayor grado a agudizar las tensiones sociales, ya que el gobierno republicano carecía de recursos suficientes para adoptar medidas de protección social.

En este ambiente de crisis económica y de malestar social, en Europa proliferaron los autoritarismos influidos por el fascismo italiano, en el poder desde los años 20, y por el nazismo alemán que gobernó a partir de 1933. Estos sistemas se presentaron como los únicos capaces de superar los problemas socioeconómicos de la sociedad, y en un país en crisis y con poca tradición democrática como España estos modelos dificultaron la supervivencia de la República. 

Por otro lado, el ejemplo del régimen comunista soviético también dificultaba la aceptación del reformismo republicano por parte de las clases proletarias, que ansiaban cambios más rápidos y radicales.

Gente amontonada frente a Wall Street en la jornada del jueves negro. Crack del 29.

Las reformas progresistas

El gobierno de coalición republicano-socialista realizó importantes reformas, aunque su aplicación práctica no fue satisfactoria en todos los casos.

Aparte de las limitaciones constitucionales, se aprobaron varias leyes para reducir el poder de la iglesia en todos los ámbitos. Se disolvió la orden de los jesuitas y se confiscaron sus bienes. Además, se aprobó el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios. También se promulgó la ley de congregaciones, mediante la cual el Estado reguló y fiscalizó sus actividades. La Iglesia se alineó rápidamente contra la República.

La reforma militar era necesaria para modernizar el ejército, la racionalización de los ascensos y la reducción del excesivo número de oficiales. Además, se buscaba su repúblicanización, es decir, asegurar su fidelidad a la República y alejar a los mandos monárquicos. Se tomaron diversas medidas como el retiro voluntario anticipado a los militares que no quisieran jurar fidelidad a la República, la reducción de la regiones militares y la eliminación de las capitanías generales y la Academia Militar de Zaragoza dirigida por el general Franco, que era considerada ineficaz y antirrepublicana. También se creó la Guardia de Asalto y se sometió la jurisdicción militar a la civil. Estas reformas provocaron malestar en el ejército y quedaron limitadas por la falta de presupuesto.

La reforma agraria era una cuestión pendiente en España. Finalmente, en 1932, el gobierno de Azaña aprobó la ley de reforma agraria con el objetivo de eliminar el latifundismo y crear una clase de pequeños propietarios que facilitasen la modernización de la agricultura y el aprovechamiento de las tierras. La ley establecía la expropiación sin indemnización de las tierras de los grandes de España y con indemnización de las grandes fincas no cultivadas directamente por los propietarios. de las tierras deficientemente cultivadas y las no regadas en zonas de regadío. Su aplicación quedó a cargo del Instituto de Reforma Agraria (IRA).

La oposición de los propietarios afectados, la complejidad de la ley, la falta de presupuesto para pagar las indemnizaciones, las carencias técnicas y organizativas y el carácter burocrático del IRA, se tradujeron en una ineficaz aplicación de la reforma, lo que provocó el descontento del campesinado.

El socialista Largo Caballero, ministro de Trabajo, dictó medidas destinadas a mejorar la situación laboral del trabajador, tanto del proletariado industrial como del campesinado. Se promovió la negociación de los convenios colectivos, se protegió el derecho a huelga, se impulsaron los seguros sociales y se redujo la jornada laboral de los campesinos. A pesar de todo, no existió un plan eficaz para combatir el paro que afectaba a muchos trabajadores. 

También se intentó reformar la educación en un país en el que más del 33 % de la población era analfabeta. La reforma estuvo influida por la Institución Libre de Enseñanza y se centró en la enseñanza primaria. Se construyeron nuevas escuelas y se impulsó un proyecto pedagógico innovador. También se crearon las misiones pedagógicas. Pero una vez más, la falta de fondos hizo difícil llevar a buen término esta reforma educativa.

Aula de primaria durante la II República.

La República fue la ocasión para que las nacionalidades históricas reclamasen una nueva organización territorial descentralizada que recogiese las aspiraciones de autogobierno. En Cataluña, Francesc Macià de Esquerra Republicana, había proclamado la República catalana en un marco federal. Esto obligó al gobierno provisional a negociar con Macià la creación de un gobierno autonómico, la Generalitat. Esta redactó el estatuto de Núria, que reconocía el derecho de autodeterminación y el catalán como única lengua oficial. Pero este superaba el modelo descentralizado que recogía la constitución y, posteriormente, las Cortes aprobaron un Estatuto de Autonomía muy recortado. 

En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el tradicionalismo carlista elaboraron el Estatuto de Estella, basado en la recuperación de los privilegios forales y la defensa del catolicismo. El gobierno republicano lo rechazó por su conservadurismo. Además, las disensiones entre las fuerzas políticas vascas dificultaron la aprobación de un nuevo proyecto. Cuando el Estatuto se presentó por fin a las Cortes en 1934, el gobierno conservador lo paralizó hasta que el triunfo de la izquierda permitió su aprobación en octubre de 1936.

La oposición y el fin del bienio

El bienio reformista estuvo amenazado desde el principio por la oposición de la derecha, afectada por la reforma del gobierno, y por la izquierda radical, que se mostraba insatisfecha con ellas. 

La derecha monárquica propició la frustrada sublevación militar que dirigió el general Sanjurjo, conocida como la "sanjurjada", aprovechando el malestar creado por la cuestión autonómica, la reforma religiosa y los desórdenes públicos. Aunque el gobierno pudo sofocarla, se demostró la importancia que tenía el sector antirrepublicano.

En la izquierda obrera, la CNT, radicalizada por la Federación Anarquista Ibérica (FAI), se oponía al reformismo burgués y propugnaba la revolución libertaria canalizando el descontento social provocado por el paro, los escasos resultados de las reformas sociales y la política de contención del gasto público condicionada por la crisis económica. También la UGT se decantó por la radicalización.

El ambiente de agitación social iba en aumento, lo que se reflejó en la convocatoria de huelgas, insurrecciones y ocupaciones de tierras. Entre los conflictos más graves destacaron insurrecciones campesinas como la de Castilblanco (Badajoz), o la de Casas Viejas (Cádiz). La dura e irregular actuación policial, especialmente en Casas Viejas donde se fusiló a 14 campesinos, desacreditó al gobierno e indignó a la opinión pública.

Fusilamiento de campesinos anarquistas en Casas Viejas (Cádiz).

El deterioro del gobierno a causa de la represión de los conflictos sociales se vio incrementado por la actitud del Partido Radical, que maniobró para debilitar la coalición republicano-socialista. En estas difíciles circunstancias, las elecciones municipales de abril de 1933 supusieron un gran avance de radicales y derechistas. El presidente Alcalá Zamora retiró su confianza a Azaña y tuvo que dimitir. Tras la formación de dos breves gobiernos minoritarios radicales, presididos por A. Lerroux y D. Martínez Barrio se convocaron elecciones generales.

A estas elecciones, en las que las mujeres ejercieron su derecho al voto por primera vez en España, la izquierda se presentó desunida en medio de una fuerte campaña abstencionista del anarquismo, mientras que la derecha se coaligó en la CEDA en defensa de la propiedad, la religión y el orden social. Los resultados electorales dieron una amplia mayoría a la derecha.

Resultado elecciones generales 1933.